En cuatro años procesaron mil 465 muestras, según se explicó con solicitudes de transparencia. Así, con muestras de ADN, huellas dactilares, registros dentales, de placas metálicas, cicatrices y tatuajes, lograron identificar a 676 personas. Las demás están en fosas comunes o en bodegas de cuerpos a la espera de ser reconocidos por sus familiares.

Sin embargo, antes de que construyeran ese laboratorio, la situación era distinta, solo se realizaban esas pruebas por solicitud de los familiares. En 10 años practicaron 77 análisis con apoyo de la Procuraduría General de la República. 10 más se hicieron en los laboratorios de la Fiscalía de Sonora y de la Fiscalía de Guanajuato. Todos esos casos fueron identificados y reconocidos por sus familias.

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“El Ministerio Público, le digo, no lo quieren sepultar”, dijo Rubén en octubre de 2016, mientras enseñaba seis féretros dentro de una capilla en el Jardín Funerario Altares, de la que emanaba un olor insoportable, una combinación entre carne descompuesta y huevo podrido. Ahí estaban los cuerpos de seis personas desde 2014.

-¿Pero por qué no quiere?

“Sabe… ya fuimos la otra vez porque el patrón nos dijo… el dueño nos dijo que los sepultemos, pero no podemos”, respondió el empleado del jardín, ubicado al sur de Guamúchil, una ciudad a unos 120 kilómetros de Culiacán, la capital de Sinaloa.

-¿Así sin más?

“Sí, pero nosotros no podemos sepultarlos hasta que autorice el Ministerio Público”.

Los cuerpos estaban dentro de ataúdes, en los que se colocaron hojas color blanco, donde se podía leer fechas y nombres de poblados. Rubén explicaba que dos de ellos murieron en un accidente y los otros cuatro fueron asesinados con arma de fuego. Ninguno había sido reconocido ni reclamado. 

-¿Por qué tiene escrito eso?

“Son para no perder el control”, dice el empleado.

Rubén, nombrado así por petición para evitar represalias laborales en su contra, es el trabajador de una empresa funeraria llamada Emaús.

Él es uno de los encargados de procesar y registrar los cuerpos de personas muertas que entran al jardín.

Cuando concedió la entrevista mostró un área digna de ser un set de película de horror: una capilla, con la imagen de Jesucristo y seis ataúdes en deterioro. Olía a podredumbre. En el piso había gusanos muertos, eran el rastro de la descomposición de las seis personas que tenían dos años guardados ahí, porque la entonces Procuraduría General del Estado no había dado autorización para sepultarlos.

En Sinaloa es común que las funerarias guarden cuerpos en fosas comunes. La Fiscalía General del Estado cuenta con cuatro morgues, pero solo utilizan una, ubicada en Culiacán. 

En 2005, con el incremento de violencia en Sinaloa por grupos criminales en la llamada “guerra contra las drogas”, las autoridades fueron rebasadas y pidieron ayuda a las empresas funerarias para poder hacer trabajos forenses en sus edificios hasta tener infraestructura propia.

Las empresas hicieron un acuerdo común, así lo han explicado empresarios y gerentes de estas firmas, a cambio de poder resguardar los cuerpos hasta ser identificados, pues así pueden ofrecer sus servicios de manera directa y sin competencia. Estas se organizaron junto con las autoridades para turnarse “guardias”, en las que los sepultureros recogen los cadáveres de escenas de crímenes y los llevan a sus oficinas donde peritos, médicos y químicos forenses los examinarán.

Si no son identificadas las personas se quedan ahí, pero después de tres días, según establece el reglamento sanitario, pueden pedir permiso para enterrarlas en fosas comunes.

“La proyección es que se dejen de utilizar los espacios de las casas funerarias, una vez que los SEMEFOS de las zonas Norte, Centro-Norte y Sur estén totalmente en funciones”, ha indicado la Fiscalía General a través de un documento oficial obtenido por transparencia, sin embargo, ya pasaron 4 años de haberse terminado de construir los tres edificios del Servicio Médico Forense, pero siguen sin ser utilizados para ese fin.

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Lo que sucede en Sinaloa es una muestra de la crisis forense nacional.

Mercedes Doretti, directora en México del Equipo Argentino de Antropología Forense, explicó en julio de 2019, durante el Encuentro Internacional Sobre nuevas tecnologías de búsqueda forense, que hay una crisis continua de violencia y desapariciones en el País, la cual no puede ser resuelta únicamente con búsquedas desde los familiares de personas desaparecidas.

Ahí mismo apuntó a la necesidad de un mecanismo extraordinario de identificación forense, un proyecto que trata sobre sacar todos los restos y cuerpos que ya están en manos del Estado resguardados en panteones, refrigeradores del Servicio Médico Forense y en otras instituciones estatales con el fin de identificarlos.

“Que se avoque con 200 profesionales para tratar de ver, exhumar y analizar cada uno de ellos para estar bien seguros que los cruces de información se hagan de manera correcta, particularmente la forma genética, tal vez de ahí se puedan dar muchas respuestas a muchas familias”, dijo en entrevista, luego de haberse dado a conocer un montón de cifras, las cuales calificó como una paradoja institucional.

“El gran problema en México es que se busca competir por cifras, cuando lo verdaderamente importante está en hacer que los mecanismos que ya existen funcionen”.

Aunque esos números, otorgados por la Comisión Nacional de Búsqueda, dan también una serie de respuestas, como el que se supiera sobre 8 mil 116 cuerpos sin identificar resguardados en 263 unidades del Servicio Médico Forense hasta julio de 2019.

También se indicó de otros 37 mil 443 cadáveres con datos confusos sobre su muerte en los centros de Servicio Médico Forense, los cuales fueron registrados de 2006 a 2019, la mayoría enterrados en fosas comunes.

La directora en México del Equipo Argentino de Antropología Forense ha explicado que ese mecanismo extraordinario implica también la construcción de panteones forenses, es decir, lugares donde únicamente haya personas no identificadas, quienes luego de haberse exhumado de los panteones municipales deberán ser examinados y procesados para hacer nuevos registros.

“Ya hablamos de retos muy grandes: los familiares de desaparecidos que han recolectado evidencias y restos no identificados que es urgente, verificar por qué no se está dando más identificación”, indicó Doretti.

Los panteones forenses son distintos a los tradicionales: en ellos solo se guardan restos o cuerpos de personas que no han sido identificadas por sus familiares, y la preparación de las criptas o fosas es con material especial para conservar de mejor manera los rastros genéticos, lo que implica un reto más: crear una base de datos con los familiares de las más de 72 mil personas desaparecidas en el País.

“Si uno piensa que gran parte de las familias en México, porque en estos 15 años rara vez me he topado con una familia que haya dado muestras de sangre para análisis genético y al mismo tiempo se supone que muchos de estos cuerpos no identificados ya tienen también muestras de ADN procesadas”.

La propuesta de construcción de panteones forenses la coordina la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que anunció en 2019 la edificación de 15 cementerios.

Los estados elegidos para iniciar ese proceso son Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Baja California, Colima, Nayarit y Tamaulipas.

En ninguno de esas entidades hay cementerios forenses, pero se reconoce que existen fosas comunes.

La construcción de cementerios forenses serviría para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, pero ello dependerá de los proyectos económicos de las fiscalías y el mecanismo.

Por ejemplo, la Fiscalía General de Sinaloa indicó en documentos obtenidos por transparencia que se debe hacer una exhumación en los 12 panteones municipales y privados, para así hacer análisis forenses a las centenas de cadáveres enterrados.

“Para la exhumación de los cuerpos de fosas comunes, se aterrizarán los proyectos que en este momento se están realizando una vez que se tenga el panteón forense, para lo cual se realizarán nuevamente estudios periciales con fines de identificación a los cuerpos no identificados”, se mencionó en el documento.

De suceder esas exhumaciones se tendrá respuestas a los familiares de personas desaparecidas, podrán conocer una parte de la verdad de esta barbarie ocasionada por la violencia de grupos criminales y las instituciones. 

Si esto pasa, todas aquellas personas que guardan registros en sus memorias podrán descansar. Morirán sin tener en su conciencia que solo ellos sabían dónde estaban los cuerpos de las personas no identificadas. Habrán terminado con ese trabajo heredado por agentes del Ministerio Público que debían encargarse de cuidarlas hasta ser entregadas a sus familiares.