En México, buscar a un desaparecido puede llevarte a perder tu hogar o abandonar tu lugar de origen.

Las familias que buscan a sus desaparecidos en ocasiones son víctimas de amenazas, extorsiones, pueden sufrir una segunda desaparición e incluso ser asesinadas. Esta situación les orilla a desplazarse forzosamente; abandonando sus patrimonios y dejando atrás la vida como la conocían. Pasando en muchas ocasiones carencias y dificultades en los lugares donde decidieron refugiarse y vivir temporal o permanentemente.

En 2021, la subsecretaría de Planeación y Vinculación Social de la Secretaría de Desarrollo Social en Sinaloa, informó que había un registro de más de 2 mil 500 personas desplazadas en la entidad, aunque no se mencionó con exactitud la totalidad de los afectados, ya que cada una de las personas censadas representaba una familia.

No se realizó un censo como tal, pero hay organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, que aseguran que la violencia provocó la movilización de 34 mil personas que abandonaron sus pueblos.

Todas ellas salieron aterrorizadas de sus lugares de origen por grupos criminales que cometieron crímenes atroces, pero hasta la fecha ninguna autoridad ha realizado una investigación sobre los hechos que condujeron al desplazamiento.

LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMO CAUSA. CASO SILVIA GARAY

Tras sufrir la desaparición de su hijo Ezequiel Peraza Garay, el 12 de noviembre de 2017, Doña Silvia Garay comenzó a vivir un calvario. Hombres armados pasaban frente a su casa en Pánuco, incluso le llegaron a mandar avisos donde le advertían que dejara de buscar o sería la siguiente.

El temor de que la historia se repitiera la llevó a dejar su casa ubicada en Pánuco, una comunidad que se encuentra en la zona serrana del municipio de Concordia, donde se han registrado desplazamientos masivos debido a la violencia establecida entre grupos armados por el control territorial y el extractivismo desde 2006.

“Era un miedo que sentía yo. No dormía, no comía. Yo me llevaba en una ventana parada, viendo a ver si me lo regresaban. Oía las balaceras por allá y decía, ay dios mío, a lo mejor ahí lo mataron y no, luego ya vimos que era otra gente la que habían matado. Hasta ahorita no sé nada de él, la esperanza que tengo, es que algún día va a salir, pero ya 6 años va a cumplir ahora en noviembre”, dijo Doña Silvia mientras observaba el retrato de su hijo colgado en una pared descolorida en la sala su nuevo hogar ubicado en Mazatlán.

Ezequiel Peraza Garay tenía 38 años al momento de su desaparición y era padre de familia. Trabajaba como operador de transporte de carga en Pánuco. Su casa se ubicaba en Santa Lucía, una comunidad localizada a más de 14 kilómetros de su trabajo. Es por ello que desde las 05:00 de la mañana ya estaba de pie, se preparaba para salir y siempre, antes de irse, se despedía de su esposa e hijo.

“Se fue un sábado en la mañana a trabajar, traía un volteo él tenía que llevar una carga de metal. Dejó su moto en Pánuco, y se vino en el volteo ese que le digo, y ahí en la curva del Chilillo lo bajaron del carro. El carro quedó abierto, con llaves y todo, no hubo señal de que él forcejeaba o algo…nada”, recordó la señora sentada en su comedor, uno de los pocos muebles que pudo traerse de su pueblo.

El vacío de poder permite que las desapariciones sucedan

Roberto Carlos López López, investigador adjunto de la Universidad Autónoma de Sinaloa, mencionó en entrevista que generalmente las familias que son víctimas de algún delito y que más se vuelven desplazadas, no reciben justicia.

Ello se debe a que en muchas ocasiones al dejar sus lugares de origen pierden documentación, la cual es necesaria para poder realizar procedimientos legales como lo es una denuncia, además en las comunidades rurales suele imperar el vacío de poder dijo el investigador. Las distancias de estos asentamientos con las cabeceras municipales merman en el actuar de las autoridades.

“Se desplazan por cuestiones de violencia y en el proceso de desplazamiento hacia una ciudad o las cabeceras surgen otros problemas y otras violencias. Por ejemplo, la falta de documentos; documentos de identidad y documentos en general. Lo que los limita a un proceso legal o eficiente por la falta de ellos. Además están en una situación de vulnerabilidad y no tienen la experiencia en poner una denuncia, requieren asistencia jurídica y además es costoso en algunas ocasiones”, comentó el doctor en Ciencias Sociales.

Por ejemplo, en Concordia hay una agencia del Ministerio Público del Fuero Común, ahí acudió Silvia para levantar la denuncia por desaparición forzada de su hijo Ezequiel. No le entregaron un folio, tampoco una copia de la denuncia, no se le informó si se abrió una carpeta de investigación y mucho menos se emitió una ficha de búsqueda.

“Cuando fui me pidieron fotos de mi hijo, llevé como unas 6 a 7 fotos de él. Pedí ver los cuerpos de los muertos, todo el tiempo se moría gente y me dijeron que no, pero me sacaron sangre y pues ya no tuve razón de eso. Hace tres años fui a donde pusimos la denuncia, me llevó mi esposo, y pregunté si sabían algo, me dijeron que no, pero lo tenían su nombre anotado en un libro, me lo enseñaron”

-¿Le dieron copia de la investigación o alguna ficha de búsqueda?

“No, solo me dijeron <<ah, aquí está el nombre de su hijo>>. La última vez fui yo. Pero pues ya, no he sabido nada más”, relató la mujer que vive en Mazatlán junto a su esposo.

Hasta la fecha Silvia no sabe qué le sucedió a su hijo, desconoce si está vivo o se encuentra ‘regado’ en alguna parte de la sierra. Piensa que fue reclutado para trabajar con el crimen organizado y que puede seguir con vida, aunque con cada año que pasa ve menos viable esa opción. 

RASTREADORAS VIVEN AMENAZADAS

“O pagan o les quemamos la casa”. Ese era el mensaje que le dejaron a Esther Preciado López en la puerta de su domicilio ubicado en Juan José Ríos, al norte de Sinaloa, en el año 2013.

Ella no dudó que la advertencia se fuera a cumplir, sabía que esas personas no se detendrían y eran capaces de quemar su casa con todo y sus hijos adentro. Así que sin esperar a que sucediera algo, todos agarraron sus cosas y se fueron a San Blas, una comunidad ubicada en El Fuerte. 

Ese año fue uno de los más difíciles que Esther tuvo que enfrentar. El 11 de septiembre de 2013, mientras ella estaba en Sonora visitando a su hermana, su esposo Bladimir Castro Flores desapareció en Angostura, Sinaloa, después de haber realizado un retiro en una tienda comercial.   

“Llegó a Guamúchil, a la tienda Elektra y si llegó a la tienda, estuvo ahí, pero una vez salió de ahí, ya no se supo nada de él. Ese mismo día, yo estuve marcando y marcando y ya no contestó ni una llamada, nada. Al día siguiente regresé para ir a buscarlo. Resulta que había hablado con su mamá y le había dicho que la iba a visitar, pero tampoco llegó. Estaba preocupada, yo no sabía porqué, pero él había ido a esa tienda a pedir un préstamos de una fuerte cantidad, no sé para qué lo quería”, recordó Esther sentada en un sillón que es para la visitas y las reuniones de las rastreadoras en San Blas. 

Cuando Esther y Bladimir compraron un terreno en Juan José Ríos, lo hicieron pensando que ahí estaría su proyecto de vida fincado. Había espacio para sembrar ejotes y pepinos, además tuvieron aves de corral; llegaron a tener más de cien guajolotes y otras tantas gallinas. Con la venta de los pollos y los tamales que Bladimir repartía en los campos agrícolas, lograron construir una casa y un local.

Les iba bien, hasta que comenzaron a haber desaparecidos todos los días, que luego eran localizados sin vida envueltos en cobijas a las orillas de la carretera o en los caminos de los campos agrícolas de la zona. Cuando Bladimir desapareció, las cosas estaban mal, recuerda Esther. 

“Días antes de desaparecer, yo lo veía muy desesperado por conseguir dinero, nunca me quisó decir porqué, yo creo que le estaban cobrando una cuota de piso. Muchas personas que tenían negocios estaban sufriendo. A unas personas muy conocidas les pidieron (dinero), no pagaron y les levantaron un hijo. Yo creo que ese préstamo era para que no nos pasará nada”, dijo la ahora miembro de las Rastreadoras de El Fuerte. 

Esther puso la denuncia por la desaparición de su esposo, incluso consiguió testigos que afirmaban que si llegó a la tienda Elektra, retiró el dinero y se fue en su moto. Pero de nada le sirvió. Fue entonces que se decidió a bajar las cortinas de su negocio y dedicarse a buscar primero en los hospitales y luego en los matorrales. 

En su búsqueda se encontró con Mirna Nereyda Medina Quiñonez, fundadora y líder del colectivo de búsqueda Las Rastreadoras de El Fuerte.

Cuando retomó su negocio, lo hizo siendo una rastreadora, recuerda que no duró ni una semana abierto cuando recibió esa amenaza. Sabiendo lo que le pasó a Bladimir, viendo a sus vecinos como día tras día sufrían por el asesinato o la desaparición de algún ser querido, prefirió dejar Juan José Ríos, junto al negocio y la casa que junto a su esposo construyó.

Las amenazas no terminaron ahí. La siguieron hasta San Blas y estando fuera de su domicilio, un grupo armado ingresó a la casa de sus padres. Los despertaron y sacaron a su papá, mientras le apuntaban con un arma, lo golpearon y le dijeron que dejaran de buscar. 

En febrero de 2022 su padre murió con la preocupación de que su hija siguiera buscando, a pesar de las numerosas ocasiones en las que le pidió vender todo e irse de ahí.

El 19 de abril de 2022, su nuero Jesús Enrique Castro Espinoza, conocido por sus seres queridos como ‘El Niño’, fue interceptado por un grupo armado mientras estaba en la zona centro de la comunidad de San Blas. 

Él era como un hijo para Esther, además de haber establecido una relación con su hija, se convirtió en un apoyo incondicional y un participante activo en las búsqueda en campo para localizar a Bladimir.

Ahora la buscadora está pensando que tal vez su papá tenía razón, que quizá sí debió dejar de buscar e irse de ahí. “Quien iba a pensar que me la iban a cumplir”, lamentó Esther mientras tomaba la foto del joven.

Las amenazas no han sido nuevas, pero estas han escalado con más violencia en los últimos tres años. Les han dicho que serán desaparecidas y con ellas el resto de su familia. También les han asegurado la muerte y en ocasiones, así como el caso de Esther, las amenazas fueron cumplidas.

El gobierno de Sinaloa, hasta el 2021, tiene el registro de por lo menos 10 activistas de derechos humanos como casos de alto riesgo, por lo que han implementado medidas en conjunto con el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

El 24 de mayo de 2022,después de tres años de exigencia y lucha, se aprobó por unanimidad en Sinaloa la expedición de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

El dictamen incluye una adición al Código Penal para el Estado de Sinaloa para tipificar los delitos a la libertad de expresión con una sanción de hasta cuatro años de prisión para quienes cometen agresiones a periodistas y a promotores de derechos humanos. 

En Sinaloa hay 25 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, los cuales han recibido amenazas y han sido víctima de acciones violentas como robos, secuestros, desapariciones de algún familiar e incluso han sido asesinadas.

Así ocurrió con la señora Sandra Luz Hernández en mayo del 2014, luego de dos años de mantenerse activa con manifestaciones y acciones de búsqueda por su hijo Édgar García Hernández, desaparecido el 12 de febrero de 2012, fue asesinada en la colonia Benito Juárez en Culiacán.